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La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció este martes un refuerzo de la seguridad tras el atentado con una bomba casera que dejó 14 heridos, y que abrió un debate sobre la capacidad del Estado para luchar contra lo que consideran terrorismo.

Una bomba casera, preparada con un extintor relleno de pólvora negra y un detonador, causó el pánico en Santiago de Chile el lunes, tras explotar dentro de un basurero en una zona comercial de una estación de metro.

Se considera el mayor atentado desde la llegada de la democracia (1990), según medios locales. El gobierno presentó una querella por delito terrorista.

Bachelet anunció este martes que se reforzará la seguridad en las estaciones de metro y los lugares de mayor afluencia y aseguró que no permitirá "que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecte la vida que llevamos".

En los últimos años habían estallado centenares de artefactos parecidos sin causar grandes daños ni heridos graves, pero nunca se había cruzado la línea de instalarlos en un lugar público, concurrido y en horario diurno.

De los 14 heridos que dejó la explosión, cinco continuaban hospitalizados este martes, mientras que ocho fueron dados de alta, la mayoría por lesiones auditivas. Uno de los afectados no quiso ser atendido en centros médicos, informaron medios locales.

El giro en el modo de los ataques ha atemorizado a los capitalinos. Una foto de origen desconocido que se hizo viral en las redes sociales mostraba una pintada en el transporte público, en la que se podía leer: "La próxima bomba será en un bus". El gobierno analiza la imagen.

La cautela ha llevado a cerrar momentáneamente varias estaciones de metro por paquetes sospechosos que terminaron siendo falsas alarmas. Los responsables del metro han protegido todos los basureros como precaución.

CONFUSIÓN. La gran pregunta aún pendiente de respuesta es quiénes están detrás de este ataque y qué buscan. El atentado no ha sido reivindicado.

"Obviamente no están en los partidos que compiten por el voto, el gobierno y la escena pública. Son contrarios a este gobierno, al anterior y probablemente a todos", aseguró en La Tercera el columnista Ascanio Cavallo.

Según el Fiscal Nacional subrogante, Alberto Ayala, la línea de investigación apunta a "organizaciones anarquistas que no tienen una orgánica que permita hacer un seguimiento que determine con mayor precisión y rapidez quiénes estan detrás de estos atentados".

Un estudio de la policía chilena citado por El Mercurio señalaba que en los últimos nueve años, se habían instalado 198 artefactos, de los cuales 81 fueron reivindicados por grupos antisistema o anarquistas. En total, 11 personas fueron juzgadas, y solo una condenada a cárcel, pero ninguno por delitos terroristas, que son muy complejos de asignar.

En lo que va de año, los ataques con bombas caseras se reactivaron, y algunos países como Estados Unidos, Bélgica, Canadá, Australia y Gran Bretaña, advirtieron a sus ciudadanos de este fenómeno. AFP

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