Foto: (EFE)
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(EFE). El gobernador de California, Gavin Newsom, fue denunciado por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) con la finalidad de que cese en su decisión de transferir a los migrantes recluidos en cárceles del estado a los centros de detención de inmigración. De la misma forma, la misma denuncia recayó sobre el fiscal general Xavier Becerra.

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La demanda de emergencia presentada la noche de este viernes frente a la Suprema Corte de California pide al gobernador que suspenda cualquier transferencia de extranjeros detenidos en una prisión estatal a la custodia del Servicio de Control de Inmigración (ICE).

La acción legal está basada en informes recientes que indican que la mayoría de los migrantes recién llegados a los centros de detención de ICE, durante la pandemia de COVID-19, son el resultado de traslados de cárceles estatales.

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ACLU advierte que las transferencias están ocurriendo a través de todo el estado “a pesar de que las autoridades estatales no están legalmente obligados a hacerlo”.

Además las transferencias irónicamente se dan en medio de los esfuerzos del estado para reducir su población carcelaria en medio de la pandemia.

“Muchos de los transferidos son las mismas personas que el estado de California ha liberado temprano de custodia penal, debido a los esfuerzos de COVID-19 para despoblar cárceles y prisiones y salvar vidas”, precisa la demanda.

La Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) y la organización California Attorneys for Criminal Justice se unieron a ACLU en los esfuerzos por detener los traslados en California a los centros de ICE.

Peter J. Eliasberg, abogado principal de ACLU SoCal, advirtió en un comunicado sobre la demanda que el brote no solo está afectando a los detenidos.

"Las paredes y el alambre de púas no pueden frenar ni detener la propagación viral a las comunidades en general”, insiste Eliasberg.

ACLU ha retado en los tribunales federales a ICE más de una docena de veces buscando la liberación de migrantes en alto riesgo de contraer el coronavirus, y exigiendo la aplicación de las medidas de distanciamiento establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Hasta este jueves ICE había confirmado 297 casos de contagio de COVID-19 entre los migrantes detenidos en diversos centros de detención a nivel nacional y otros 123 entre sus propios empleados.

El periódico San Diego Tribune reveló este viernes que al menos 67 migrantes detenidos en el centro de Otay Mesa, ubicado a pocas millas de la frontera de California con México, habían dado positivo por el virus, según documentos de la instalación.

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