El ataque de las FARC a militares en Colombia, que dejó 11 muertos, fue una “emboscada” violatoria del Derecho Internacional Humanitario y constituye “un crimen de guerra”, dijo ayer la Fiscalía, aunque llamó a “persistir en los esfuerzos de paz” con esa guerrilla.

El fiscal general Eduardo Montealegre condenó en una declaración pública el ataque de las (FARC) contra una brigada móvil de control territorial la medianoche del martes en La Esperanza, departamento del Cauca (oeste), con fuerte presencia de ese grupo insurgente.

“Se trató de una emboscada a altas horas de la noche cuando los miembros del Ejército Nacional se encontraban descansando”, dijo Montealegre, tras puntualizar que, fuera de combate, los militares gozan del estatus de persona protegida y “cualquier atentado contra su integridad se considera una infracción al Derecho Internacional Humanitario”.

PAZ. Veinticuatro horas después de conocerse el ataque de las FARC,  debate propuestas para redefinir el proceso de paz, como establecer una fecha límite para la firma de acuerdos o concentrar a los rebeldes en zonas prefijadas.

El rechazo al suceso, que los medios colombianos califican de “masacre”, crece entre la polarizada sociedad colombiana, especialmente la urbana, cuyas reticencias a los diálogos de paz no dejan de aumentar con los videos y testimonios que llegan desde la zona rural de Buenos Aires, en el departamento del Cauca (suroeste), donde ocurrieron los hechos.

Allí, como en el resto del convulso Cauca, la actividad de las Fuerzas Militares y la Policía es constante, el día después, con búsquedas por tierra y aire de los responsables de lo que el Ejército ha definido como una emboscada.

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