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​Evo Morales: expresidentes y opositores lo acusan de persecución política

Afirman que el actual mandatario transformó al órgano judicial en un "instrumento" para actuar en contra de sus adversarios

12 de Abril del 2017 - 12:47 » Textos: Redacción Multimedia

Dos expresidentes, un exvicepresidente y tres líderes de fuerzas opositoras bolivianas denunciaron que el presidente Evo Morales transformó al órgano Judicial en un "instrumento de persecución política" para actuar en contra de sus adversarios. Mediante un comunicado precisaron que el jefe de Estado "ha roto los límites de la independencia" entre poderes.

Esta postura fue expresada por los exmandatarios Jorge Quiroga (2001-2002) y Carlos Mesa (2003-2005), el exvicepresidente Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997); el gobernador del departamento de Santa Cruz (este), Rubén Costas; el alcalde de La Paz, Luis Revilla, y el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, quienes se reunieron en La Paz.

Ellos denunciaron que el Ejecutivo, al mando de Evo Morales, ha violado leyes y ha creado normas arbitrarias a su medida para facilitar acciones en contra de sus adversarios. "La mayoría de nosotros, igual que cientos de conciudadanos, estamos sometidos a procesos y juicios cuyo único objetivo es descabezar a quienes expresamos ideas y posiciones distintas y críticas de quienes gobiernan para evitar la conformación de alternativas democráticas", indica el comunicado.

Los opositores también se pronunciaron sobre otros asuntos, como la próxima elección de altos magistrados del órgano Judicial y la intención del oficialismo de insistir en la nueva postulación del presidente Morales en los comicios de 2019, pese a que un referendo en 2016 ya le negó esa posibilidad. Anunciaron que trabajarán para denunciar dentro y fuera del país las acciones del Gobierno "que se planifican y se realizan poniendo en entredicho las libertades ciudadanas" en Bolivia.

Cabe resaltar que Quiroga, Costas, Revilla, Doria Medina y otros dirigentes opositores enfrentan numerosos procesos judiciales iniciados a instancias del Ejecutivo, algunos por casos de hace más de dos décadas y que fueron reactivados por denuncias de las autoridades.

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