Tribunal rechaza habeas corpus de Lula da Silva y queda más cerca de la cárcel
Tribunal rechaza habeas corpus de Lula da Silva y queda más cerca de la cárcel

La justicia brasileña rechazó hoy el pedido de habeas corpus del expresidente  para evitar que sea encarcelado cuando se dicte sentencia en segunda instancia sobre el pedido de anulación de una pena a más de 12 años de cárcel por corrupción.

Con esta decisión, adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de ese tribunal, se reducen las posibilidades del exmandatario continúe en libertad si se agotan los recursos que el exmandatario presentó en segunda instancia.

"Deniego" el pedido, dijo el presidente del tribunal, Reynaldo Soares, que inclinó la balanza al ser el tercero en votar, agregando: "La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)", que el año pasado autorizó las detenciones sin esperar los fallos de las máximas instancias judiciales del país.

El abogado de Lula, Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo delexmandatario, alegó que el máximo tribunal solo se había pronunciado "sobre la posibilidad" de encarcelamiento una vez agotados los recursos de segunda instancia, sin que se trate de una medida obligatoria.

Esta fue otra de las muchas derrotas judiciales del exmandatario de izquierda (2003-2010), quien afirma ser víctima de una persecución para evitar que vuelva al poder, pues encabeza todas la encuestas de intención de voto.

"Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones", dijo Lula por la mañana a la radio local Metrópole.

Lula enfrenta siete procedimientos penales. Pero se declara inocente en todos.

En una entrevista con la AFP la semana pasada, admitió que piensa "todos los días" en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral podría impedir que se postule a las elecciones, cuando se abran las candidaturas en julio, por tener una condena ratificada en segunda instancia.

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