Tribunal Supremo de Venezuela pide a Fiscalía que tome medidas contra el Parlamento

Máximo órgano de justicia venezolano manifestó que actuará de oficio por designación de un "embajador" ante la OEA designado por el Parlamento, cuando esa es prerrogativa solo del presidente
Tribunal Supremo de Venezuela pide a Fiscalía que tome medidas contra el Parlamento

Tribunal Supremo de Venezuela pide a Fiscalía que tome medidas contra el Parlamento

23 de Enero del 2019 - 16:04 » Textos: Redacción Multimedia

El presidente de la Sala Constitucional del Supremo de Venezuela, Juan José Mendoza, pidió a la Fiscalía de su país tomar medidas de "manera inmediata" en contra de los miembros dirigentes de la Asamblea Nacional venezolana ante lo que consideró una "conducta delictiva" tras suscitarse la autoproclamación del diputado opositor Juan Guaidó —titular del Legislativo venezolano— como presidente encargado

En una declaración ante medios periodísticos, Mendoza señaló que la sala que preside "exhorta al Ministerio Público a determinar las responsabilidades que pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo". 

Hoy, el presidente de la Asamblea de Venezuela, el diputado Guaidó, juró ante un multitudinario grupo de venezolanos reunidos en protesta en el este de Caracas, no reconociendo así el gobierno "usurpador" de Nicolás Maduro.

Inmediatamente, tras asumir el Ejecutivo de Venezuela, Canadá, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, Colombia, Chile, Brasil, Ecuador, Argentina, entre otros países, reconocieron al diputado como presidente de Venezuela.

Tras asumir el Ejecutivo, ayer, el Parlamento venezolano designó al legislador Gustavo Tarre Briceño como embajador "especial" del país ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

Guaidó señaló que con dicha designación lo que el Parlamento de Venezuela busca es "garantizar" que su país "se mantenga dentro" de la OEA, una respuesta a la pretensión de Maduro de abandonar el ente regional.

El Supremo, sin embargo, manifestó que esta medida conlleva "la ejecución de un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional" venezolano, vigente desde 1999. 

En ese sentido, el máximo tribunal de Venezuela sostuvo que la acción lo obliga a "actuar de oficio en protección" de la carta magna venezolana, pues de acuerdo a esta, es competencia exclusiva del jefe de Estado nombrar embajadores y jefes de misiones diplomáticas.

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