Ayer, jueves 16 de enero, se cumplieron 12 años de la presentación de la demanda del Perú contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia - CIJ, sobre la controversia jurídica de delimitación marítima que ambos países manteníamos pendiente de solución y que precisamente el máximo órgano judicial de las Naciones Unidas decidió a favor del Perú con su sentencia del 27 de enero de 2014. La presentación de la demanda fue un acto de Estado y en consecuencia, de una política de Estado. La primera llave maestra para llevar a Chile ante la Corte fue el descubrimiento de la obligación chilena -como también peruana- respecto del Pacto de Bogotá de 1948 -lo hizo el embajador Luis Solari Tudela-, que estableció que las controversias que pudieran surgir entre las partes firmantes del instrumento panamericano, serían resueltas en el tribunal de La Haya. Puritanamente levantamos las reservas al Pacto en el 2003 y sellamos de pleno el reconocimiento de la competencia de la Corte. La segunda llave fue lograr la sustanciación de la controversia luego de que Chile respondiera a la nota diplomática peruana (19 de julio de 2004) con otra (10 de setiembre de 2004), manifestando de manera indubitable de que no había ninguna controversia con el Perú. La cancillería chilena había consumado la naturaleza jurídica de la controversia al confirmar su oposición a la tesis peruana que luego fue completamente sellada con el comunicado conjunto de los cancilleres Manuel Rodríguez Cuadros por Perú e Ignacio Walker por Chile, firmado el 4 de noviembre de 2004 en Río de Janeiro, Brasil, por el cual reconocieron formalmente la existencia de una controversia marítima de naturaleza jurídica. Con esos elementos sustantivos el Perú se alistó a publicar su Ley de Bases del Dominio Marítimo en 2005. Cuando llegó Alan García al poder por segunda vez el tema marítimo fue desactivado inicialmente a un mínimum de actividades pero ante las presiones políticas lideradas por Ollanta Humala para ir a La Haya, García dio el paso histórico de demandar a Chile. Ya teníamos todo listo. La presentación de la demanda por el agente peruano, Allan Wagner, consumó -repito- la política de Estado en este asunto.