El 2025 se va dejando una estela de criminalidad e inseguridad ciudadana que ha marcado la vida cotidiana de los peruanos. El 2026, en consecuencia, no admite improvisaciones ni discursos vacíos: exige decisiones estratégicas y acciones concretas para recuperar la tranquilidad y la paz social. En esta responsabilidad están comprometidos tanto el presidente José Jerí como quien resulte su sucesor. El país necesita liderazgo real, no gestos efectistas ni show.

Los indicadores son alarmantes. Los homicidios y las extorsiones continúan en aumento, consolidándose como las expresiones más visibles de un Estado que no logra imponer autoridad. La extorsión, en particular, no solo despoja a las víctimas de su dinero, sino también de su tranquilidad. Golpea el corazón de la economía nacional al desalentar la inversión y obligar a miles de pequeños y medianos negocios —motor fundamental del país— a laborar bajo amenaza constante o, simplemente, a cerrar sus puertas.

Si esta tendencia no se revierte con urgencia, las consecuencias serán profundas. La desconfianza institucional se ampliará y la falta de inversiones terminará por nublar cualquier expectativa de recuperación económica y desarrollo sostenido. Un país sin seguridad es un país sin futuro, por más recursos o potencial que posea.

El 2026 será un año decisivo para encaminar al Perú hacia el despegue que tanto necesita. Pero ese rumbo no se alcanzará por inercia. Dependerá de la capacidad de nuestros gobernantes para asumir la gravedad del momento, diseñar planes claros y generar certidumbre.