22 años después

El sábado 5 de abril pasado, mientras veía a De Soto y Cotler analizar en perspectiva los elementos que gatillaron el autogolpe de Fujimori, concluía que varios de los factores que lo hicieron posible no solo no han desaparecido, sino que se han acentuado.

Salvo el terrorismo de aquellos años (porque el ajuste económico que arrancó en 1990 ya había detenido la hiperinflación heredada de García, y la reinserción financiera internacional avanzaba a paso firme), institucionalmente pocas cosas han cambiado; más bien hemos involucionado.

Es más, si reemplazamos el terrorismo de inicios de los 90 con los niveles atroces y crecientes que hoy vivimos en cuanto a inseguridad ciudadana (incluso con su nueva variante de sicariato político), en poco tiempo podríamos equiparar ambos hechos, no solo en la sensación de indefensión que hoy se vive, sino en los efectos económicos (el otro día el presidente de la Conaco me reveló en ATV+ que a nivel nacional se estima en S/.50 millones mensuales los cupos que hoy pagan varios empresarios a delincuentes).

Pero el tema central acá es la no institucionalización del país y el descrédito de la política y de los políticos para resolver los problemas esenciales de la gente. El que haya más peruanos que le asignen un mayor valor a la democracia, no quita que haya aumentado el desencanto por la misma y por la legalidad para afrontar con éxito temas apremiantes.

Así, las condiciones para que un 5 de abril se repita con alta aprobación ciudadana están ahí, inalterables. ¿Por qué la clase política no ha hecho nada por revertir dichas condiciones sino todo lo contrario? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos.