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A propósito de que hoy se cumplen 28 años de la dación de la histórica Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de la ONU mediante la Resolución 44/25 del 20 de noviembre de 1989, se superpone en la reflexión nacional e internacional, la eficacia de la acción del Estado en favor de una máxima protección a los menores de edad, la población humana más vulnerable del planeta. Como pocos tratados, por su envergadura, entró en vigor tan solo diez meses después de que fuera abierta a la firma, el 2 de setiembre de 1990 (Artículo 49° de la Convención). Es el mayor instrumento internacional que regula, de manera comprehensiva y totalizadora, los derechos intrínsecos de los más de 2200 millones de menores de edad que hay en los cinco continentes.

Los niños son la máxima alegría de los hogares y por su notoria naturaleza de indefensión, el Estado está obligado a garantizar que puedan lograr su pleno desarrollo. La propia Convención ha establecido principios rectores en este propósito, que son: la no discriminación, el interés superior del niño, su derecho a la supervivencia y el desarrollo, y su derecho a la participación. No perdamos de vista que los niños vienen al mundo para ser felices y es deber de los padres y del Estado garantizar que sus vidas estén determinadas por el juego y el estudio.

Lamentablemente, la realidad nos sigue mostrando lo contrario y las

cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Unicef son

trágicas. Muchos niños mueren por los conflictos o la miseria, es decir, sus vidas están determinadas entre la violencia y la pobreza.

En el Perú son 6.9 millones y cerca del 60% son víctimas del castigo

físico o de tratos humillantes. Además, es una desgracia completa que el 41% de padres de familia peruanos reconoce que castiga a sus hijos con golpes y que en el 38% de los colegios estatales del país todavía se castiga físicamente a los alumnos. Una razón más y muy poderosa para decidir invertir el 10% del presupuesto nacional en la educación.