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Hoy se cumplen 70 años de la aprobación del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, más conocido como Pacto de Bogotá, que es el mayor tratado panamericano sobre la paz como realidad jurídica y como método para la solución de las controversias que pudieran surgir entre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Firmado el tratado en la capital colombiana, la mayoría de las naciones del continente reunidas en el marco de la IX Conferencia Panamericana decidieron, incluso, conferir jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia para el arreglo de sus diferencias. Este instrumento relievó la insistencia del derecho internacional en que se debe incidir en el derecho de la paz, proscribiendo la guerra como solución de controversias, algo que ni aún el Tratado de Versalles -que puso fin a la Primera Guerra Mundial- pudo llegar a realizar.

La solución pacífica de las controversias desde su categoría de principio del derecho internacional y como norma de ius cogens, es decir, desde su carácter kantiano de norma imperativa de cumplimiento obligatorio, es lo más revolucionario de la humanidad en 2000 años. La paz en este tratado muestra toda su categoría westfaliana de obligaciones y de responsabilidades interestatales, sujetas a mecanismos de censura internacional en el caso de que se decidiera por una opción distinta. El Pacto de Bogotá constituye una norma de jus cogens, es decir, que debe cumplirse obligatoriamente. Así, ha venido a forjar un derecho internacional garantista frente a cualquier vulnerabilidad que pudiera poner en riesgo la paz como estado permanente de convivencia interestatal. Los países de la región como Colombia, Chile, Nicaragua y el Perú, últimamente han arreglado sus diferencias jurídicas en base al Pacto que, finalmente, constituye el acuerdo más comprehensivo para la paz al que hayan llegado los países del hemisferio y confirma a la región como lugar esencialmente de paz.