El Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), es el espacio de reflexión académica y verdadero laboratorio del pensamiento de la seguridad y la defensa del Estado peruano, y hoy cumple 71 años de fundación. Creado con la denominación de Centro de Altos Estudios del Ejército (CAEE) en 1950, durante el gobierno del general Manuel A. Odría, cuatro años más tarde fue cambiado por Centro de Altos Estudios Militares (CAEM) y en 1997, durante el mandato de Alberto Fujimori, acertadamente pasó a llamarse con el nombre actual, en consonancia con las adecuaciones y adaptaciones del país a los nuevos tiempos, mirando el desarrollo nacional.

El CAEN, entonces, no es un centro de estudios castrense y verlo así es un grave error. La seguridad y la defensa no son una exclusividad de las Fuerzas Armadas, como tampoco la política exterior lo es de los diplomáticos de carrera y la inteligencia de la DINI. Quienes así lo creen, respetuosamente están perdidos. Las aulas del CAEN con sus programas de diplomados, maestrías y doctorados, son para todos los peruanos; por tanto, el CAEN no es para las “élites” y mucho menos para los “pensantes”.

Como en los países desarrollados, en el CAEN debe haber una presencia dominante de las autoridades nacionales (ministros, congresistas, parlamentarios andinos, etc.,), de los gobiernos regionales y municipales, así como los rectores y decanos de las universidades públicas y privadas, los directores de UGEL y de colegios, los maestros, y con ellos los jueces y fiscales, y catedráticos universitarios, para que tomen conciencia que nuestro territorio no se vende ni regala, y que nuestra soberanía se defiende, y entonces, así juntos, confundirnos en una reflexión de consenso y unidad para lograr la grandeza del Perú, exactamente aquello que los pesimistas y anarquistas no quieren.

También deben pasar por sus aulas los empresarios, funcionarios y servidores públicos, miembros del clero, periodistas y, por supuesto, militares y policías. Como somos un país plagado de informales y reacios a salir del confort, reactivos y ajenos a las políticas de Estado, una ley debería enmarcar este objetivo para evaluar la meritocracia y los ascensos. Así evitaremos los imperdonables 200 mil muertos de la pandemia, por no saber administrar la crisis, y comenzaremos a ser el país nacionalista que no somos.