Opinión

76 AÑOS DEL PROTOCOLO DE RÍO Y EL MURO ECUATORIANO

COLUMNA: MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ MACKAY

29 de Enero del 2018 - 07:00 Miguel Ángel Rodríguez Mackay

Hoy celebramos los 76 años del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro (1942). Perú y Ecuador, luego de mantener una relación conflictual -Guerra de 1941, Falso Paquisha (1981) y Cenepa (1995)-, sostuvieron profundas negociaciones para la paz definitiva. El excanciller Francisco Tudela (1995-1997) estableció el modus operandi diplomático que abrió la cancha con la presentación por cada país de los denominados impasses subsistentes. Tudela quedaría conminado a su encierro en la residencia del embajador de Japón que había sido asaltada por el MRTA (1996), pero ya había dejado expedito el proceso de ejecución que su equipo negociador prosiguió. El 26 de octubre de 1998 fue firmado el histórico acuerdo en la ciudad de Brasilia, acabando con más de 50 años de enfrentamientos. Los mandatarios de ambos países lo suscribieron en presencia de sus homólogos de Brasil, Argentina, Chile y del representante personal del presidente de EE.UU., que también refrendaron el acta. Fueron testigos los reyes de España, los presidentes de Bolivia y Colombia, el secretario general de la OEA y el representante del papa Juan Pablo II. Desde 1998 se cuenta con el Plan Binacional de Integración Fronteriza, considerado un modelo de integración regional; sin embargo, está pendiente que el inexplicable muro mandado a construir en el margen derecho del Canal Internacional del Zarumilla por el expresidente Rafael Correa al final de su mandato, y que fuera suspendido por su sucesor, Lenín Moreno, sea totalmente derruido al contravenir el numeral 21 del Acuerdo de Bases, que es parte de los acuerdos de Brasilia. Torre Tagle tampoco debería dejar para las calendas griegas este asunto, como sucede con los pendientes de Chile sobre la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (2014) a los que me referí en mi reciente columna “A 4 años del fallo de La Haya” (27.01.18). La canciller Aljovín debería informar al Congreso sobre ambos temas.

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