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La Policía captura a 100 delincuentes y, de estos, solo cinco van a parar a la cárcel. Más o menos así estamos en el Perú, según las cifras oficiales que maneja el Ministerio del Interior. Y no es una exageración, sino una situación que compromete también al Ministerio Público y al Poder Judicial. A este paso, cuando nos roben o maten a algún familiar ya no sabremos si echarle la culpa al juez, al fiscal o al agente del orden.

Es duro pensar que nuestro sistema de justicia no funciona de manera correcta porque quienes las aplican son las personas incorrectas. Pero esta es nuestra realidad y la única manera de cambiar este triste panorama es limpiando -aplicando lejía y raticida- los pasillos de las tres instituciones que ejecutan las leyes: Fiscalía, Poder Judicial y Policía.

Cuando el ministro del Interior, José Pérez Guadalupe, insinuó que la justicia no es tal, señalando que de las 992 personas intervenidas en flagrante delito en Lima, solo 42 están en la cárcel, quedó claro que las tres instituciones no están cumpliendo su papel en base al Nuevo Código Procesal Penal. En esta cadena de justicia, pregunto, ¿cuál de estas instituciones no está bien preparada?

Al respecto, más o menos así se echan la pelota los administradores de justicia cuando un mal elemento queda en libertad: el policía culpa al fiscal por formular una mala acusación, y este magistrado señala al juez de no aplicar bien la ley; mientras el último de los mencionados reclama la falta de pruebas para encerrar al delincuente. Solo falta que el bandido conozca más de leyes que sus persecutores.

Por eso, considero que en la reunión que sostendrán mañana los representantes del Ministerio Público, Poder Judicial y el Ministerio del Interior (Policía), debe haber un replanteamiento en la impartición de la justicia. Es más, creo que también debería estar el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, para que tome nota y conozca qué magistrados no sirven para el cargo.