Al finalizar la primera semana de este mes, mientras la carretera Panamericana llevaba cinco días bloqueada en Ica y La Libertad, el Congreso decidió -con la venia del Poder Ejecutivo-, derogar la Ley de Promoción Agraria. Con esto volvió la calma, pero solo por unos días, pues una vez que en el Legislativo no hubo acuerdo para sacar una nueva norma y el proyecto volvió a la Comisión de Economía, vimos nuevamente la toma de la principal vía del país.
El martes desde muy temprano la Policía Nacional fue enviada a restablecer el orden y en Ica casi fue masacrada por una turba de vándalos. Las imágenes no mienten. Hubo 40 agentes heridos y una ambulancia atacada, en momentos en que la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, del Frente Amplio, expresaba su preocupación por el accionar policial y pedía evitar excesos contra quienes habían desvirtuado su protesta. Así es la izquierda en el Perú.
Al ver a los policías con las cabezas rotas mientras son auxiliados por sus compañeros tras ser atacados por hampones a fin de evitar el desbloqueo de la carretera, resulta irónico que el gobierno del presidente Francisco Sagasti haya empezado su gestión transitoria anunciado un plan para modernizar y fortalecer –sí, fortalecer- a la Policía Nacional, cuando lo que se ha hecho es manosearla, debilitarla y atarla de manos.
Ayer en el Congreso hubo una mesa de trabajo informal de parlamentarios con asistencia de los ministros de Economía, Trabajo y Agricultura para encontrar una salida y llegar a un consenso a fin de estar en condiciones de llevar al Pleno, a la brevedad posible, alguna propuesta. Sin embargo, no hubo humo blanco. Por ahora no hay nada claro. La ley anterior ya no está vigente, y en este momento no hay otra que la reemplace.
Mientras todo esto sucede, el Perú se encuentra en jaque y bajo chantaje por acción de turbas que se creen con derecho a impedir con palos y piedras el libre tránsito del resto de peruanos, cada vez que tienen algo que exigir. Ellos han dejado la protesta para cruzar la línea y ponerse del lado del delito. Esto no puede ser permitido por las autoridades que sean conscientes de la responsabilidad que tienen ante el país.
