Los problemas existentes en nuestro país pueden ser un buen ejemplo para validar el adagio popular que se atribuye a Edward Murphy Jr. y que se conoce como la “Ley de Murphy”, puesto que su máxima que reza “Si algo malo puede ocurrir, ocurrirá”, se viene realizando –con mayor intensidad desde las últimas malas elecciones– mediante diversos hechos que reflejan nuestra deficiente cultura política.

Y así, además de la inseguridad ciudadana, el tráfico ilícito de drogas combinado con Sendero Luminoso, el movimiento separatista en Puno –entre otras amenazas y preocupaciones a la seguridad nacional– ahora se ha sumado el intríngulis ocasionado por la fricción entre la Fiscalía de la Nación, la Junta Nacional de Justicia y los Poderes del Estado, emulando al inexplicable cargamontón hecho al fiscal Pedro Chávarry que terminó con su remoción del más alto cargo en el Ministerio Público, ocasionando que queden truncas algunas investigaciones.

En toda esta vorágine –como río revuelto– hay quien saca provecho de la incertidumbre, sin considerar a los intereses nacionales, y la estabilidad política tan importante para el desarrollo nacional, pues incluye el fortalecimiento de los partidos políticos con cuadros capaces de gestionar la administración estatal, imperativo para evitar la recurrencia de la insatisfacción ciudadana expresada en el “no me representa”

Las acciones de los “pepes vivos” traicionan al Perú, deslealtad que se agrava si tienen una cuota de poder, y peor si ésta va conjugada con la ingratitud hacia las personas e instituciones que se fajan por la seguridad del país. Para muestra tenemos al general Clemente Noel, quien falleció en medio de un proceso judicial interminable, o al general Juan Rivero Lazo condenado, después de más de 20 años en prisión, por ser director de Inteligencia del Ejército y el supuesto “dominio del hecho”, haciéndole el juego a Sendero y sin reflexionar que con “Rivero Lazo estamos presos todos”.