El desenlace de esta segunda vuelta presidencial será muy ajustado. El Perú vuelve a mostrar un país dividido, donde unos pocos votos pueden definir el destino de más de treinta millones de ciudadanos. No sería una novedad. En 2016 la diferencia entre los candidatos fue mínima y en procesos posteriores también hemos sido testigos de resultados estrechos que evidencian una sociedad profundamente fragmentada.

Más allá de quién resulte vencedor, esta elección deja una lección evidente: seguimos siendo un país que no logra encontrar consensos básicos sobre su rumbo. La polarización ha penetrado todos los espacios, desde la política hasta las conversaciones familiares. Durante meses hemos visto cómo la confrontación personal muchas veces desplazó el debate sobre los grandes problemas nacionales. Se discutió más sobre adversarios que sobre soluciones; más sobre agravios que sobre propuestas. Y ese es un problema que no desaparecerá con el cierre de las mesas de votación. Pero antes de cualquier reacción ante los resultados, existe una condición indispensable: el respeto a la voluntad popular. En una democracia madura, los candidatos deben reconocer los resultados cuando estos sean oficiales y actuar con responsabilidad frente al país. La legitimidad del próximo gobierno dependerá no solo de los votos obtenidos, sino también de la capacidad de todos los actores políticos para aceptar las reglas del juego democrático. Después de meses de campaña, confrontación y promesas, ha llegado el momento de demostrar que las instituciones están por encima de las ambiciones personales. El Perú necesita empezar una nueva etapa, y esa tarea comienza respetando el veredicto de las urnas.