Un problema público se define como una situación propia de las personas o de su entorno, que representa una necesidad colectiva, una carencia o una insatisfacción identificables directamente o a través de elementos que la exteriorizan, y para las cuales se busca una solución (Jones, 1970). Un claro ejemplo de ello son las brechas sociales que evidencian un desarrollo heterogéneo en nuestro país. Si bien nos beneficiamos de 21 años de crecimiento ininterrumpido hasta antes de la pandemia, el sistema de distribución de riqueza, ligado al proceso de Descentralización, que debió servir para traducir recursos en servicios públicos de calidad para la población, ha fallado. Existen departamentos donde casi el 50% de su población es pobre multidimensionalmente; es decir, carece de al menos un servicio básico que asegure una calidad de vida digna, de acuerdo con estimaciones de ComexPerú. Cajamarca, Huánuco, Puno y Ucayali, son departamentos donde 1 de cada 2 pobladores no cuenta con acceso a servicios de salud o de educación o condiciones de vivienda mínimas. En el caso de Piura, poco más del 40% de su población es pobre multidimensionalmente. Existen innumerables diagnósticos sobre urgencias de la población. Y tal parece que, en las próximas elecciones generales, tendremos una cantidad grosera de “alternativas” para elegir a quienes próximamente intenten darles solución. 28 partidos políticos inscritos y 19 en proceso de validación, son los que registra el Jurado Nacional de Elecciones al cierre de la presente edición. Casi 50 grupos de personas interesadas en gobernar el país. ¿Qué es lo que hace tan atractivo gobernar el Perú? ¿Una legítima voluntad por servir al país? ¿Ansias ciegas de poder? ¿Qué hay detrás? No dejemos de lado el peligro del “financiamiento ilícito”, del que dan cuenta organismos como la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Muchos pagos por corrupción se realizan antes de que el funcionario haya iniciado su periodo formal, por ejemplo en el financiamiento de campañas.