Un juez suplente ha admitido a trámite un recurso de Habeas Corpus (mostrar el cuerpo), para que Abimael Guzmán Reinoso, el cabecilla del grupo terrorista “Sendero Luminoso”, luego de reportarse -como un buen pretexto- un informe sobre su estado de salud en el marco de la pandemia del Covid-19, finalmente, pudiera decidirse para que sea evacuado de la Base Naval del Callao, en cuyas instalaciones cumple cadena perpetua luego de su detención en 1992. No he escuchado a nadie argumentar las pétreas razones de seguridad nacional por las que no es posible que Guzmán sea excarcelado. Su caso no es el de Keiko Fujimori, Susana Villarán, etc., guste o no. No se trata solamente de que no existe ningún lugar fuera del radio de acción del control del Estado que pudiera garantizar que Abimael no escapará, sino de que su custodia por reclusión es una de las bases para la tranquilidad nacional que no tuvimos por más de una década ensangrentada. No olvidemos que su detención fue un objetivo no solo policial ni gubernamental, sino del Estado peruano como tal. El Perú venía de ser impactado por la insanía de terrorismo que volvió al país uno de los más violentos de la región y del mundo. Los derechos de Guzmán para que cuente con atención médica y psicológica adecuadas, eso sí, deben ser preservados y garantizados. Decidir judicialmente el cumplimiento de pena en su domicilio, es jugar con la democracia y el destino de la República. El ministro de Justicia hace rato debió pronunciarse.