​¿Ablandando la regulación en las APP?

El World Economic Forum acaba de publicar cifras de un estudio de McKinsey & Company en que se estima en casi 50 trillones la inversión necesaria en infraestructura, a nivel planetario, en los próximos quince años, para sostener un ritmo de crecimiento suficientemente fuerte. Y es que la lucha contra la pobreza no es gratuita y necesita del crecimiento. Y este, de la infraestructura.

Las Asociaciones Público-Privadas (APP) son un instrumento para coadyuvar a este propósito. Pero para que funcionen en esa línea y no se conviertan en simples oportunidades de negocios, requieren sólidos esquemas institucionales públicos, en todas las fases de su desarrollo.

Lamentablemente, en el Perú se están dando señales de que marchamos en otra dirección. Ya no solo se pretende que ProInversión tenga un directorio con mínima presencia pública junto a un MEF debilitado, sino además, se está asestando golpes sutiles al sistema regulatorio. Un ejemplo está en la intención gubernamental de recortar el mandato de la presidenta de Ositran en siete meses. La razón aducida es que el gobierno humalista hizo dos concursos que se declararon desiertos y recién al sétimo mes alguien calificó para el puesto. Pero existe el precedente de que también el defensor del pueblo no se designó por meses. Y cuando se hizo, tuvo un mandato completo. ¿Entonces?

Más allá de las personas, esto genera suspicacias que debilitan instituciones. ¿Alguien resultó particularmente incómodo? Y lo más grave: ¿es un hecho aislado? ¿Hay presiones de algún gremio empresarial por debilitar los protocolos institucionales de soporte a la inversión privada para facilitar ciertos proyectos? Sería grave que el gobierno se convierta en agente de estos intereses. Sin SNIP, con un ProInversión capturado y reguladores maniatados, uno empieza a dudar.