Desde hoy Arequipa afronta una paralización indefinida promovida por el propio gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, contra el proyecto cuprífero Tía María. Teniendo en cuenta lo visto en días anteriores en el Valle de Tambo, en que grupos de manifestantes han tomado vías, atacado a la Policía e impedido la realización de actividades económicas, es de esperarse que las autoridades hayan adoptado las medidas del caso para impedir que los violentistas queden impunes.

Indigna que esos sujetos llamados “espartambos”, que se cubren los rostros y llevan escudos de madera, actúen con total impunidad frente a un Estado sumamente pasivo que, pese a tener la ley en la mano, permite que esta gente haga lo que le dé la gana y viole los derechos de los demás. La Cámara de Comercio e Industria de Arequipa ha dicho ayer en un comunicado que la violencia en Islay genera pérdidas de $14 millones diarios.

Además, qué sentido tiene ahora hacer una paralización en Arequipa contra Tía María si a estas alturas queda claro, lamentablemente, que el proyecto minero no verá la luz al menos en este gobierno. ¿O alguien cree que el presidente Martín Vizcarra, quien ya tiró la toalla y está de salida, se va a comprar el pleito en el Valle de Tambo para impulsar esta millonaria inversión que pudo traer muchos beneficios a la región y al país?

Pero volviendo a los violentistas, sería positivo que la Policía reciba instrucciones de su comando y del propio Ministerio del Interior para que no tengamos que ver a una autoridad pisoteada por gente que, según la ley vigente, debería ser llevada a prisión por bloquear vías y atacar a los agentes del Estado. Es necesario recordar que han pasado cuatro años desde una anterior jornada de violencia contra Tía María, y hasta el momento no se inicia el juicio oral contra los responsables.

En el Perú hay derecho a protestar, pero no a actuar con violencia, como la que vemos en Islay desde hace varias semanas. Si Cáceres Llica y los “espartambos” ya bloquearon Tía María y están generando millonarias pérdidas a su región y al país, no se les puede permitir, además, que desde hoy sigan pateando la legalidad por más que la izquierda antiminera presione y fomente el caos, para así poder pescar en medio de este gran río revuelto.