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Cuando estalla un conflicto social en el país y alcanza niveles de violencia o mejor dicho con bloqueo de vías recién preocupan a todos. En los últimos años se recurre a este método para hacerse escuchar por las autoridades y como alternativa momentánea se opta por la conformación de mesas de diálogos entre los actores de estas acciones.

En estos encuentros se demanda la participación de los verdaderos representantes y no de infiltrados que solo buscan sacar provecho personal o de determinada agrupación, como ocurrió en varios casos.

Dos conflictos que se presentan en las regiones de Apurímac-Cusco y en Puno influyen directamente en el resto del sur. El primero referido a las demandas de comunidades sobre el proyecto minero de Las Bambas y el segundo a la erradicación de cultivos ilegales de coca en la zona de Sandia en Puno. En ambos, se instalaron las mesas y llegaron a primeros acuerdos para una primera solución y evitar nuevos bloqueos de carreteras o actos de violencia.

Sin duda, son importantes avances en la medida que las actas suscritas consignen entendimientos viables y no aquellos que generen falsas expectativas que en lo posterior desencadenen en nuevas protestas más violentas.

Eso parece que puede ocurrir con el problema de Las Bambas, donde se notan ciertos excesos de ofrecimientos por parte de los representantes del Estado y que a simple vista son bastante difíciles de atender y cumplir. Se puede encontrar soluciones rápidas, pero cuidado con que estas al final resulten ser verdaderas trampas o bombas de tiempo que pueden ser peor en los siguientes meses.

Prudencia y sinceridad se reclama en la firma de las actas de entendimiento de conflictos sociales y que superan en la actualidad los 180 en el país.