Al cierre de esta columna de opinión, la interpelación al ministro Vizcarra había concluido sin conocer si el Congreso propondrá o no su censura como corolario de su intervención, pero motivos suficientes para ello existen. Más de nueve horas entre respuestas al pliego de preguntas y debate no bastaron para despejar la sombra de corrupción que nubla la actuación de las autoridades (pasadas y presentes) respecto del contrato de concesión del nuevos Aeropuerto Internacional de Chinchero, y sobre la adenda con la que pretenden darle viabilidad al mismo.

Vizcarra reconoce que el contrato original es lesivo a los intereses del país, pero no respondió los cuestionamientos sobre la participación de personas del entorno del presidente Kuczynski y de la hermana del premier Zavala en la empresa concesionaria Kuntur Wasi, que evidencia un inaceptable conflicto de intereses.

La Adenda N° 1, responsabilidad de este gobierno, por la que el Estado se obliga ahora a asumir el costo de la primera etapa de ejecución de obras (movimiento de tierras) que correspondía al cesionario, desnaturaliza el modelo de APP. El supuesto “ahorro” de US$587 MM de intereses (US$90 MM. a valor actual) que hubiera tenido que pagar de seguir con el contrato original y para no paralizar la obra que podría haberse retrasado cuatro años más, no la justifica. Más importante es dar señales claras de combatir a la corrupción, lo que no ha ocurrido. Por el contrario, dejó la sensación de que la intención es beneficiar a como dé lugar al concesionario y a sus cuestionados propietarios. El Gobierno olvida que lo que mal empieza mal acaba.