Ayer la Comisión de Constitución ha dado el primer paso para la aprobación por insistencia de una aclaración al artículo 206 de la Carta Magna, que deja nuevamente establecido que toda reforma constitucional debe ser aprobada previamente por el Congreso y que no puede hacerse al caballazo con demagógicas recolecciones de firmas o dando gritos en las plazas, tal como ha venido soñando la izquierda que ni por asomo logró mayoría parlamentaria.

Esta gente habla mucho de democracia y “respeto a la voluntad popular”, pero querían saltarse el Congreso que pese a estar plagado de gente para el olvido en la mayoría de bancadas, es lo que los peruanos eligieron en las urnas. Si el grueso de peruanos hubiese querido una nueva Carta Magna, hubiera dado su masivo respaldo en el Poder Legislativo a las listas del lápiz, de Verónika Mendoza, de Marco Arana o del asesino de policías Antauro Humala.

Ahora habrá que ver cuál va a ser la reacción de Pedro Castillo, de su premier Mirtha Vásquez, aunque todo indica que ya está de salida, o del jefe de ambos, Vladimir Cerrón, quien días atrás llamó a enfrentarse con violencia contra la decisión soberana del Congreso de impedir que cualquier reforma a la Carta Magna se haga al margen del Poder Legislativo. Como no le gusta lo que establece la mayoría, el sentenciado por corrupción quiere apelar al terrorismo y el uso de las armas.

El presidente Castillo debe entender que como jefe del Estado, está obligado a respetar la legalidad y la separación de poderes. Desde su posición, nada se maneja como si fuera su sindicato de profesores radicales que se niegan a ser evaluados. Las cosas no se acuerdan en base a grito pelado y puño en alto en una asamblea o una plazuela. Un país civilizado o que trata de serlo, se rige por un sistema de leyes que emite el Poder Legislativo, donde manda la mayoría.

Bien que el Congreso esté tomando una decisión histórica en beneficio del Perú. Con esta norma, la idea de una asamblea constituyente para llevar el país por la ruta de Venezuela o Cuba, tendrá que irse al archivo, al menos mientras el comunismo carezca de mayoría parlamentaria. De esta forma, el presidente Castillo tendrá que actuar dentro de los cauces de la Carta Magna de 1993. Si no lo hace, pasará a ser un gobernante ilegítimo y nadie estará obligado a obedecerlo. Advertido está.