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Esta semana la Defensoría del Pueblo presentó un Informe de seguimiento a las recomendaciones que dispuso el Informe Defensorial 175, de agosto del 2016. Este ID 175 marcó un hito en la historia de los derechos humanos en el Perú, pues definió las acciones a seguir por las diferentes entidades estatales para el pleno aseguramiento de los derechos de los ciudadanos LGTBI.

Por ello, considero necesario también informar sobre las acciones realizadas para dar cumplimiento a estas recomendaciones. Inicialmente, di cuenta de estos planteamientos a las distintas entidades involucradas, y me reuní con sus titulares para discutir su necesaria implementación. Posteriormente, ya en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Poder Ejecutivo, coordiné junto con mi colega Carlos Bruce y el Ministerio de Justicia la dación del Decreto Legislativo 1323, norma aún vigente que brinda protección contra los “crímenes de odio”. Asimismo, impulsé la realización y coordinación de la Primera Encuesta Virtual para personas LGTBI que hizo el Instituto Nacional de Estadística e Informática, con el decidido apoyo de organizaciones y entidades de la sociedad civil.

El informe de seguimiento evidencia que gran parte de la agenda LGTBI aún está pendiente. Hay mucho por hacer desde el Ejecutivo. Por ello, es necesario que ese impulso por las reformas mostrado por el presidente Vizcarra se vea también reproducido en acciones concretas hacia este importante sector de la ciudadanía. Aún carecemos de una Ley de Identidad de Género y una norma que reconozca la unión entre parejas del mismo sexo. Esperemos que estos dos años y medio de mandato sean suficientes para llegar al Bicentenario con un Perú más justo y equitativo.