Una de las taras que no nos permite sacar a gran parte de nuestra gente del subdesarrollo africano subsahariano es creer que la liberalización que fue buena para mejorar nuestros servicios públicos, desde hace veinticinco años, vale para todos menos para el agua. Lo que debería ser prioridad uno es maniatado por el mentiroso e interesado discurso de satanizar la participación privada en la prestación de agua y desagüe. Un discurso que, de tanto repetirse, ha intimidado y acorralado a gobiernos y candidatos presidenciales, al punto que no se atreven a utilizar abiertamente el mecanismo de las asociaciones público-privadas (APP) en el sector, a pesar de que la legislación que lo permite existe hace casi una década.

Tímidamente se alzan algunas voces para incorporar gestión privada en áreas muy acotadas de las empresas de agua (EPS). Incluso se habla de contratos de gerencia. Pero esto no resolverá el problema sustancial. Basta ver la situación de las EPS en departamentos como Piura o Loreto. Las inversiones requeridas para reflotar el medio centenar de EPS no pueden ser cubiertas por programitas de gobierno, sino que requieren horizontes de largo plazo, como los que ofrecen las APP, bajo contratos que provean las seguridades para las grandes inversiones y garantizar sus retornos.

A quienes no tienen agua ni desagüe no les importa que el agua en sus casas sea pública o privada. Quieren lo que deseamos todos los demás: que sea limpia, confiable, abundante y a un precio que puedan pagar. Dejemos la demagogia y digamos basta al dilema mentiroso. Avancemos por rutas que ya nos dieron resultados y utilicemos las APP para que todos los peruanos tengamos agua todo el día. Ojalá nuestros candidatos tengan el valor. Y, sobre todo, el liderazgo.

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