A fin de impedir que la criminalidad siga operando desde de los penales, incluso los de máxima seguridad a donde son llevados los reos más peligrosos, el gobierno ha declarado en emergencia por 60 días los reclusorios de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco, Miguel Castro Castro y Ancón 1 en Lima; y Trujillo, en La Libertad.

Esta medida debe apuntar a acabar con una situación que lleva décadas y que ningún gobierno ha tenido la voluntad política de corregir: el que los centros de reclusión son verdaderas guaridas de delincuentes que siguen operando –ordenando y coordinando diversos delitos– a través de equipos telefónicos que ingresan ilegalmente.

Días antes, el nuevo gobierno ha anunciado un plan para impedir a través de tecnología en manos de las Fuerza Armadas, que siga habiendo señal telefónica y de internet en los penales, que son las principales herramientas para que los internos puedan tener comunicación con el exterior. Ayer llevaron equipos a Trujillo para tal fin.

Es positivo percibir que se está atacando una situación crítica que venía sucediendo a vista y paciencia de todos los ciudadanos y de las propias autoridades que decían que luchaban contra la criminalidad, pero no movían un dedo por poner orden en las cárceles e impedir las comunicaciones con el exterior. Una eterna vergüenza.

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