Alberto Fujimori renunció por fax a la Presidencia el 19 de noviembre del 2000, y terminó fugando desde Brunei al Japón, tras asistir a una cumbre de la APEC. Detenido en Chile, en noviembre de 2005, fue extraditado para someterse a la justicia peruana.

Procesado y sentenciado en el 2009, fue condenado a 25 años de prisión como autor mediato de la masacre de Barrios Altos, desaparición forzada y ejecución de diez estudiantes de la Universidad La Cantuta, y el secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer, entre otras graves y masivas violaciones a los derechos humanos.

En diciembre del 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió indulto humanitario, tras conocer la evaluación de una junta médica que aconsejara su liberación por sufrir “una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable”.

En octubre del 2018 la Corte Suprema consideró que el indulto concedido por Kuczynski carecía de efectos jurídicos, por lo que debió volver a prisión.

Este 4 de diciembre, en medio del escándalo que protagoniza la suspendida Fiscal de la Nación Patricia Benavides, tres miembros del Tribunal Constitucional se pronunciaron porque el indulto humanitario concedido es válido, y dispusieron la libertad de Fujimori, a pesar de lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El lunes 11 de diciembre el magistrado del TC Manuel Monteagudo ha solicitado se declare nulo el Auto que restableció el indulto a Fujimori porque no fue sometido al pleno.

Lamentablemente, la presidenta Dina Boluarte y su gobierno, con esta decisión, continúan la escalada de violaciones de Derechos Humanos a la que nos están sometiendo.