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Aunque el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez; el coordinador del Subsistema de Lavado de Activos, fiscal superior Rafael Vela; y el jefe del Equipo Especial que investiga la corrupción de Odebrecht, fiscal provincial Hamilton Castro, lo nieguen, la Fiscalía peruana está haciendo agua en el mayor caso de corrupción que ha afectado a nuestro país; y existen responsables de ello. La suspensión de la colaboración que venía prestando el Ministerio Público Federal (MPF) de Brasil al MP peruano -en el marco de la Cooperación Jurídica Internacional que ambos organismos celebraron el año pasado-, motivada por el reclamo de los abogados de la empresa Odebrecht, por un supuesto incumplimiento del preacuerdo que suscribieron con el fiscal H. Castro en enero del 2017, amenaza con derrumbar toda la evidencia preliminar que se tiene sobre los casos de corrupción en los que intervino Odebrecht. Y es que ha sido el propio fiscal H. Castro quien, en conferencia de prensa, ha reconocido que está resultando muy complejo ejercitar la figura de la colaboración eficaz que rige en nuestro país, en comparación a la que rige en Brasil (delación premiada), como disculpando de antemano la ineficaz labor realizada por su equipo especial hasta la fecha. No debemos olvidar que fue decisión del FN Pablo Sánchez, quien, en ejercicio de las facultades que le confiere la LOMP, creó, mediante Res. N°5050-2016-MP- FN, el Equipo Especial que comanda H. Castro para investigar, a dedicación exclusiva, los delitos cometidos por la empresa Odebrecht, y, mediante Res. N°2683-2017-MP- FN, amplió su competencia para abarcar todos los casos. Ante los hechos, ya nada justifica que el preacuerdo que H. Castro suscribió con Odebrecht siga manteniéndose en secreto. El país requiere saber por qué estamos a punto de perder la oportunidad de destapar la gran corrupción que ha causado tan grave daño a la Nación.