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El recientemente estrenado alcalde de Lima se apresuró a darle su bendición y a lavarle la cara nada menos que a la socia estelar de Odebrecht, “rescatando” el contrato de concesión por 40 años suscrito por la gestión Villarán con Graña y Montero para extender la actual Vía Expresa recientemente rebautizada como “Luis Bedoya Reyes”. De partida, ¿no hay otras empresas que puedan acometer esa obra? ¿Tiene que ser justamente la firma más cuestionada del Perú?

Lo que de por sí ya es un escándalo se hace impresentable si se analiza la concesión técnicamente. Para construir sus cinco kilómetros, se presupuesta la friolera de 230 millones de dólares, sin considerar los adicionales que seguramente se cargarán al proyecto en el tiempo. No sorprendería que termine superando los 50 millones de dólares por kilómetro. ¿Qué estudios de ingeniería y de gestión predial justifican estos montos?

La obra se financiará con un peaje que el alcalde dice que recién se va a fijar en una adenda. Sin embargo, ¿cómo se concesiona una infraestructura si no se ha determinado cuánto se pagará por ella? ¿No debiera haber sido el monto del peaje el elemento central para que los licitantes compitan por el proyecto y así elegir el que cobrara menos? A todo esto, ¿dónde está el estudio de demanda y el modelo económico-financiero que permitan calcular el peaje óptimo y, de paso, justificar el extenso plazo de cuatro décadas? Además, ¿cómo se reajustará en el tiempo ese peaje? Y, por cierto, ¿se ha establecido técnicamente que un peaje, incluso si es electrónico, no va a complicar y retrasar el tránsito de esa vía, considerando el volumen de tráfico que va a soportar?

Finalmente, ¿con base en qué consideraciones técnicas se determinó que una concesión privada era el mejor modelo de contratación para este proyecto? ¿Por qué no lo hace directamente la Municipalidad de Lima con un crédito avalado por el MEF que puede apalancar fácilmente de la banca multilateral dado el grado de inversión del Perú y su reducido riesgo país? 

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