A menos de dos meses del vencimiento del plazo para inscribir alianzas electorales, ya se anuncian, descartan y reconfiguran pactos. Algunas coaliciones —aunque operan como alianzas— esquivan la inscripción formal ante el DNROP. Un caso que ha cobrado notoriedad es el posible frente entre Juntos por el Perú (JP) y los entornos de Antauro Humala y Pedro Castillo.

No es la primera vez que se usa un partido como plataforma para el uso de discursos violentistas o populistas. En las elecciones congresales de 2020, desde prisión, Humala impulsó su candidatura a través de Unión por el Perú. Aunque no logró su postulación, la movida le rindió frutos al partido, que obtuvo curules y visibilidad. Una estrategia con beneficios mutuos.

Hoy, JP parece dispuesto a repetir la fórmula, pero con un costo político y ético mucho más alto. En la práctica, estaría blanqueando tanto el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo —que la propia CIDH calificó como “contrario al orden constitucional”— como el discurso violentista de Antauro, cuyo partido fue declarado ilegal por la Corte Suprema mediante el Proceso Especial N.º 19714-2024.

La candidatura de Castillo es, como mínimo, éticamente cuestionable. Pero la de Humala implica un desafío más profundo: no basta con cumplir una condena penal para volver a la arena política. Se requiere un compromiso claro con la democracia.

En ese escenario, corresponde al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo evaluar si se configura la causal de ilegalidad por adoptar discursos contrarios al sistema democrático y acudir al Poder Judicial para la declaratoria de ilegalidad de JP. Así lo establece el marco legal y así ocurrió con el partido ANTAURO. La democracia no puede ser un disfraz para el oportunismo.

Porque si todo vale para ganar, entonces ya perdimos.