La ineficiencia de muchas empresas estatales en el Perú es un mal conocido, pero Petroperú ha logrado convertirse en el emblema de ese fracaso. La reciente revelación del presidente de la empresa, Alejandro Narváez, sobre pérdidas que ascienden a 11 millones de dólares solo en el primer trimestre del año, confirma lo que ya era evidente: estamos ante una empresa insostenible, que sigue acumulando cifras en rojo y sin un rumbo claro.

El panorama para 2025 no es más alentador. Por el contrario, con más gastos y contingencias por venir, todo indica que las pérdidas seguirán incrementándose. Pero en lugar de asumir con seriedad la magnitud del problema, el Estado ya estaría preparando un nuevo salvataje financiero para Petroperú, según ha advertido el exministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla. Es decir, se pretende volver a usar el dinero de todos los peruanos para sostener a una empresa quebrada, sin resultados y sin perspectivas reales de recuperación.

Esto es inaceptable. En un país donde faltan recursos para mejorar escuelas, construir hospitales, rehabilitar carreteras y reforzar la infraestructura carcelaria, destinar millones al rescate de una empresa ineficiente es una decisión irresponsable. Petroperú no solo es un barril sin fondo, sino también una expresión de cómo la mala gestión pública puede convertirse en una amenaza directa al bienestar ciudadano.