​Anticorrupción y debido proceso

La decisión del Tribunal Constitucional a favor del hábeas corpus interpuesto por Ollanta Humala y Nadine Heredia ha remecido el debate político con opiniones disímiles. Más allá del caso concreto, el alto tribunal ha puesto límites a la imposición indiscriminada de la prisión preventiva, que debería ser solo aplicada en casos extremos. En especial, solo ante evidencias absolutas y peligro de fuga.

El Poder Judicial y el Ministerio Público están bajo los reflectores: deben impartir justicia dentro del debido proceso y la diligencia. El caso “Lava Jato” implica un alto nivel de exigencia al que no siempre pueden responder. Sin embargo, la legitimidad de su trabajo está en juego y, con ella, la confianza en este poder del Estado.

Esta sentencia del TC será un referente para muchos casos de corrupción. Los altos magistrados han estado bajo presión mediática y política, pero han hecho prevalecer su opinión informada. Los Humala Heredia eran los únicos en prisión, mientras es conocido que casos similares no han tenido ni tienen el mismo trato. Una lección es que los magistrados deben ser inmunes a los juicios mediáticos, esos que se cumplen en los grandes medios que enarbolan sentencias adelantadas por periodistas que proponen e imponen conclusiones, sin considerar la presunción de inocencia.

Bien por el TC, que ha puesto los principios jurídicos por delante. No hay lucha legítima contra la corrupción sin respeto al debido proceso. Por ahí debemos comenzar. Ello no obsta para que censuremos con toda energía moral los desaguisados o posibles delitos de Nadine Heredia, su soberbia y su usurpación dolosa del poder que fuera asignado por elecciones libres a Ollanta Humala. No tenía el derecho a cogobernar como lo hizo ni el expresidente debió permitirlo. Que el fiscal los acuse de una buena vez y comience el juicio. Que les prueben los delitos y después vayan a la cárcel. No antes.