El pasado martes se realizó en Lima un evento internacional para analizar la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas (APP) contenida en el DL 1224, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y contó con la presencia de funcionarios del BID, el Banco Mundial y ProInversión. La magnitud del evento dice mucho de la importancia que las APP toman cada día como instrumento de impulso a las grandes inversiones que gatillan el crecimiento. En particular, en el marco de la estrategia para incorporar al Perú en la OCDE.

La ley tiene a su favor aspectos como crear un sistema administrativo enfocado únicamente en la promoción de la inversión, así como fortalecer los equipos técnicos encargados de APPs en los gobiernos subnacionales y establecer ex ante los requerimientos estatales para alinear a las iniciativas privadas. Pero especialmente empodera al MEF para anclar al presupuesto público los compromisos de gasto por cofinanciamiento a las APP cofinanciadas. Hasta ahora la voz cantante la llevaba ProInversión cuyo propósito es el marketing, sin mayor reparo en los impactos fiscales.

Especialmente desde este siglo, la intención de promover las APP trajo consigo un exceso de cofinanciamientos estatales para hacer rentables privadamente varios proyectos que no lo eran por sí mismos, pero que se consideraban importantes para el país. Sin embargo, el manejo responsable de las finanzas públicas exige salvaguardar los equilibrios fiscales y ahora el MEF tendrá que dar su visto bueno final para estos cofinanciamientos, analizando proyecto a proyecto.

Me deja algunas dudas el mecanismo para definir la conveniencia de hacer o no un proyecto vía una APP. Dejarlo muy “abierto” puede hacer pasar por la “puerta trasera” proyectos que debieran hacerse por contratación pública. Pero en general, es un buen paso en la línea de resguardar un importantísimo modelo de negocio que no queremos que naufrague bajo las aguas del déficit fiscal.

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