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La reforma del sistema político y la del sistema judicial del país son tareas para continuar en el gobierno de Martín Vizcarra en su segundo año, pero con celeridad y firmeza, cuando su popularidad (56% según últimos sondeos) cae en tiempos en que se activan conflictos sociales, los que requieren tino y decisión para resolverlos sin llegar a extremos y que pase mucho tiempo, como el bloqueo del corredor minero en Apurímac, que va a cumplir 50 días de medida extrema por comuneros de Fuerabamba.

Diversos analistas coinciden en que las buenas intenciones de Vizcarra cuando tomó las riendas del país hace un año se estancaron y no avanzaron como se quería, quizá en parte por inesperados sucesos que no estaban en agenda y distrajeron las acciones programadas.

Hace poco se renovó el gabinete en varias carteras, las mismas que -se supone- deben ayudar a activar los planes previstos que necesita el país para encontrar el camino del desarrollo y cambio rumbo al 2021, año del Bicentenario de la Independencia.

Preocupa la falta de medidas concretas que permitan destrabar más proyectos de desarrollo y que ayuden a reactivar la economía, que si bien es cierto mantiene cifras positivas, estas podrían ser mejores si se aplican decisiones más firmes.

En cartera hay temas que merecen un trato inmediato y todo dependerá de la voluntad política que le imprima el presidente Vizcarra y sus ministros, en momentos en que se acercan novedades en casos de corrupción y que implican tanto a conocidos personajes como a políticos.