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“Presenta las pruebas para denunciar el caso”, fue la respuesta del jefe de Estado, Martín Vizcarra, al alcalde de San Juan Bautista (Ayacucho), Mardonio Guillén Cancho, quien en abril le informó sobre supuestos cobros de porcentajes, por parte de funcionarios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Vivienda, para aprobar proyectos de desarrollo en beneficio de la población de su distrito, uno de los más poblados de la región y que carece de múltiples servicios de saneamiento.

Este hecho revela la realidad de actos de corrupción que implican a ciertos servidores públicos, quienes condicionan el otorgamiento de recursos para proyectos que se gestan durante años y son demorados a propósito.

Esta penosa situación revelada desde Palacio de Gobierno debe ser investigada y aclarada para sancionar a personajes que, desempeñándose en puestos estratégicos del Gobierno, siempre sacan provecho para beneficio personal con recursos que se requieren a fin de atender las demandas de la población, en especial proyectos en salud, educación, saneamiento y otros, que son básicos.

A raíz de esta denuncia, otras autoridades han expresado su voluntad de poner al descubierto dichos actos ilegales y que constituyen un claro chantaje.

Ya lo ha señalado el presidente Vizcarra: “Tenemos que ser drásticos. Dinero sí, transferencia sí; corrupción no. No lo vamos a permitir”. El resto de gobernantes está en la obligación de revelar estos mecanismos de gestión vedados, los cuales solo alimentan la desconfianza entre la población, que demanda honestidad y transparencia a cada gestión pública.

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