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Queda claro que el legislador Kenji Fujimori tiene que ser sancionado con dureza por el Congreso, debido a los ofrecimientos que hizo a un legislador de la bancada de su hermana para que vote en contra de la vacancia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien finalmente tuvo que renunciar en medio de un gran escándalo.

Sin embargo, si vamos a aplicar sanciones por los arreglos bajo la mesa que buscaban salvarle la cabeza al exmandatario, habría que ir más atrás y apuntar también a quienes desde el Poder Ejecutivo movían sus hilos para ganar congresistas fujimoristas a fin de hacer que rechacen la vacancia que debía votarse en marzo último.

Habría que preguntarse en qué va la situación del exministro de Transportes y Comunicaciones Bruno Giuffra, aquel que trató de convencer, con ilegales ofrecimientos, al congresista puneño Moisés Mamani de que se aparte de los legisladores de Keiko Fujimori. Incluso se dice que se habría dado una reunión con el propio presidente Kuczynski, situación que no ha sido aclarada hasta el momento.

Tanto Kenji Fujimori como sus aliados Bienvenido Ramírez y Guillermo Bocángel merecen una sanción política, más allá de la de índole penal si es que cabe, así como aquellos que desde el Poder Ejecutivo hacían ofrecimientos a un eventual “tránsfuga” al amparo de los recursos públicos.

Acá no puede haber impunidad. Las leyes tienen que aplicarse sin tener en cuenta el apellido de los protagonistas de hechos lamentables para el país.