Atando de manos a lo que queda del Congreso

Desde que el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso en medio de grandes cuestionamientos a la constitucionalidad de la medida, el propio jefe de Estado y los voceros del Ejecutivo han expresado su disposición a acatar lo que diga el Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalidad del cierre del Legislativo, tal como ha recomendado la Organización de Estados Americanos (OEA).

Sin embargo, el hecho de que el procurador de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) haya denunciado a Pedro Olaechea por el presunto delito de usurpación de funciones, al haber firmado como “presidente del Congreso” la demanda competencial, da la señal de que el Ejecutivo, a través de una acción que mira la forma y no el fondo, está tratando de impedir que el TC dirima en este entuerto, que tiene al Perú sumido en un limbo constitucional.

Es absurdo que se acepte que el TC tenga que dirimir si no existe la posibilidad de presentar una demanda desde el Congreso o lo que queda de él. Con la denuncia presentada por el procurador de la PCM, que en la práctica es un empleado al servicio del premier Vicente Zeballos, se está limitando el derecho a la defensa del Legislativo. ¿Y así después salen a decir que se actúa de acuerdo a ley?

El Ejecutivo comete un grave error si cree que porque el cierre del Congreso tiene en las calles 80% de aceptación, va a poder actuar de manera arbitraria. El Legislativo que hemos tenido puede haber sido uno de los más impresentables de los últimos años, pero eso no quita la posibilidad de que el TC se pronuncie tras la presentación de una demanda competencial que hoy se quiere limitar.