Lo sucedido en las últimas horas en el penal El Milagro, en Trujillo, en que los internos se amotinaron en medio de un intento de fuga, la suspensión de visitas y el temor al coronavirus, debería ser una clarinada de alerta sobre lo que podría pasar en los diferentes establecimientos penitenciarios de todo el país, si es que no se impide la llegada de la enfermedad a estos lugares que padecen hacinamiento y de por sí son focos infecciosos.
Por ahora no se ha reportado casos de Covid-19 en algún penal. Sin embargo, si esto sucede en los próximos días o semanas, el Estado sí estaría ante un grave problema sanitario y también de seguridad, pues en Lurigancho, Canto Grande, Sarita Colonia (Callao), El Milagro (Trujillo), Picsi (Chiclayo), Yanamayo (Puno) y otros, no cabe la posibilidad de mayor aislamiento entre los internos que conviven dentro de reducidos ambientes siempre insalubres.
Quizá algunos reos de baja peligrosidad puedan ser enviados a sus casas, especialmente los de mayor edad aun con el riesgo de que más tarde se evadan. Sin embargo, con el grueso de reclusos eso sería imposible. Acá no podría hacerse de manera masiva algo similar a lo que se aplicó en Estados Unidos con el expresidente Alejandro Toledo, a quien se le mandó a un arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica.
En las acciones violentas del penal trujillano El Milagro, donde están los más peligrosos hampones del norte peruano, salvo los que han sido enviados a Lima, Cerro de Pasco y Tacna por su alto grado de agresividad, se han producido tres muertes, además de heridas en once servidores penitenciarios a los que también hay que cuidar. Esto no es poca cosa en medio de una situación como la que atraviesa hoy el Perú.
Ayer en su conferencia de prensa, el presidente Martín Vizcarra dijo que con los representantes de los otros poderes del Estado se iban a tomar medidas respecto a la situación de las cárceles. Es algo que no puede esperar más. Se tiene que hacer algo antes de que se reporte el primer contagio. Si esto sucede, el problema no solo será para los internos, sino también para los servidores públicos que trabajan en contacto con ellos y la colectividad en general.