El vecino Ecuador, acá cerca nomás, ha sido sacudido por una arremetida del crimen organizado que ayer en Guayaquil, la segunda ciudad del país, irrumpió en un canal de televisión en plena emisión de un noticiero, lo que es apenas una muestra de la grave crisis de violencia e inseguridad que allí se vive, y que ha obligado al presidente Daniel Noboa a tomar medidas excepcionales para hacer frente a este desborde que ha ido en aumento en los últimos años.
La situación de ayer se veía venir luego del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, ocurrido a pocos días de la última elección presidencial, las amenazas de muerte que recibe el propio presidente Noboa y el control de las cárceles por parte de los internos, que el lunes último tomaron como rehenes a empleados penitenciarios. Días atrás el mandatario anunció la construcción de dos penales similares a los que ha levantado Nayib Bukele en El Salvador.
El gobierno ecuatoriano se ha visto en la obligación de firmar un documento donde declara que su país vive un “conflicto armado interno”. Sin embargo, lo cierto es que la situación se ha salido del control de las autoridades por obra de estas bandas ligadas especialmente al narcotráfico internacional y la extorsión, que han podido operar debido a la mano blanda de los sucesivos gobiernos que han preferido mirar a otro lado antes de ponerse los pantalones y actuar como se debe en defensa de sus ciudadanos.
Lo que pasa en el vecino del norte debe ser tomado como una alerta en el Perú, donde la seguridad ya es un serio problema, pues como ha dicho ayer el exministro del Interior, Rubén Vargas, nuestro país es terreno fértil para el accionar de bandas criminales como las que ya padecemos. Incluso considera que la violencia desbordada que se vive alrededor de la minería ilegal en Pataz, sierra de La Libertad, tiene que ver con el crimen organizado internacional.
Lamentablemente acá nadie toma en serio esta situación. En el Poder Ejecutivo no hay estrategias; en el sistema de justicia muchos jueces y fiscales se han puesto del lado de la criminalidad, y ni qué decir de las broncas internas en el Ministerio Público que se ha convertido en un lastre; de otro lado, la mayoría de gobernadores y alcaldes no saben dónde están parados y las cárceles siguen siendo los lugares donde se planean y ordenan muchos crímenes. ¿Hacia dónde vamos?