Atención a los conflictos

Hemos iniciado el segundo año de mandato del presidente Martín Vizcarra, y si algo queda claro, es que con el fujimorismo debilitado y el fraccionamiento que hoy existe en este Congreso, donde nadie tiene mayoría absoluta, en los próximos meses la confrontación ya no será a nivel “político”, sino en el interior del país, donde los conflictos sociales no son debidamente atendidos y siempre son una ventana abierta para generar problemas e inestabilidad.

Estamos viendo la situación de Las Bambas (Apurímac), en que un grupo de comuneros, azuzados por dos abogados por ahora detenidos, mantienen una pista tomada desde inicios de febrero. A alguien se le ocurrió que una vía nacional era de propiedad de un grupo de personas y ahí se inició el problema, que el Gobierno ha dejado pasar hasta que la “novedad” llegó a Lima a través de los medios. Mientras tanto, las pérdidas para la minera y el Estado son millonarias.

Hace pocas horas, el gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres, ha expresado su rechazo al proyecto minero Tía María, en el valle del Tambo, con una inversión cercana a los $1500 millones. No olvidemos que en mayo del 2015 hubo desmanes, violencia y hasta muertes. El Gobierno ya debería tener un plan para hacer frente a esta situación, a fin de atender debidamente este conflicto haciendo valer la ley y la autoridad del Estado.

Es necesario actuar y apagar los incendios que afecten el avance del país, pero no de la manera en que lo hizo el expremier César Villanueva, que finalmente terminó comprometiéndose hasta a dar empleo sostenido a los nativos de la comunidad de Mayuriaga (Loreto), los que sistemáticamente han venido afectando el Oleoducto Norperuano para así tener trabajo temporal en las labores de limpieza del crudo derramado por ellos mismos en la selva. Una vergüenza.

Para que el Gobierno avance sin mayores sobresaltos, debería contar, aparte de la voluntad política del Mandatario, con una eficiente unidad de conflictos en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), capaz de negociar sin claudicar y sin dejar que la autoridad sea pisoteada. Hay 113 contingencias socioambientales sin revolver, según la Defensoría del Pueblo, y la inestabilidad que pueden generar es mucha si no se hace algo, siempre con la ley en la mano, que para eso existe.