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Ayer el Ministerio del Interior ha difundido la expulsión de un cuarto grupo de venezolanos que ingresaron al Perú pese a tener antecedentes por haber cometido delitos en su tierra. Si estas personas violaron las leyes de nuestro país y son un eventual peligro para los peruanos, ni modo. Para afuera. Imagino que los primeros en aplaudir medidas como estas serán los extranjeros de bien que llegan acá para trabajar y acatar las normas del territorio que los acoge.

Sin embargo, de otro lado, sigue quedando pendiente el adoptar medidas decididas contra la delincuencia. Hace pocos días hemos visto a un grupo de hampones robando dentro del Jockey Plaza, donde hay cámaras de seguridad, vigilantes y todos los controles imaginados. El atraco fue al mediodía. Los hampones entraron al local, amarraron a los trabajadores del negocio, robaron equipos tecnológicos y se fueron sin que nadie vea nada.

De otro lado, habría que ver qué pasa con tantos robos que sufren personas que salen de los bancos con dinero en efectivo, el cual, obviamente, no deberían movilizar en las calles para evitar riesgos. ¿Las entidades bancarias están tomando medidas para evitar que bandas de asaltantes se infiltren a través de los cajeros y empleados que atienden al público? ¿La Policía Nacional puede descartar que los “marcas” estén actuando en alianza con malos trabajadores?

El presidente Martín Vizcarra ha pedido dejar el Gobierno dentro de un año, y si es así, ante lo poco hecho hasta ahora, corre el riesgo de pasar a la historia como uno más de los tantos mandatarios que hemos tenido en los últimos años y que no han sabido ofrecer resultados positivos en la lucha contra la inseguridad en las calles. Si el Jockey Plaza y las agencias bancarias ya no son lugares seguros, ¿a qué niveles de delito estamos llegando? Los atracos se dan en todas las zonas de Lima.

Ya hemos tenido bastante con el lío generado por las reformas políticas y los enfrentamientos con el Congreso, en lugar de que Ejecutivo y Legislativo trabajen unidos en contra del asalto, la extorsión, el sicariato y el asesinato hasta por un teléfono celular. Acá ha faltado, como en gobiernos anteriores, la voluntad política suficiente para atacar decididamente el problema, que cobra muchas vidas y que todos los días vemos a través de imágenes de cámaras de seguridad.

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