Con una mayor recaudación, el Estado no solo puede cumplir con sus obligaciones presupuestales en materia de gasto, sino también contar con más recursos para financiar —ojalá de manera eficiente— obras en favor de la población, especialmente en aquellas zonas más necesitadas de servicios públicos de calidad. La eterna discusión detrás de ello está en cómo hacer que eso suceda. La semana pasada, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el documento Estadísticas tributarias en América Latina y el Caribe 2025. En él se señala que la presión tributaria (entendida como la tasa que mide la recaudación sobre la producción nacional) en el Perú se encuentra por debajo del promedio de la región (21.3%) y muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (33.9%).

De tanto en tanto, legisladores y hasta técnicos o académicos con ideas trasnochadas postulan elevar impuestos y castigar a las empresas formales o a “los que más ganan”, apelando a una llamada “justicia social”. Para mejorar la recaudación, la OCDE, entre otras cosas, sugiere ampliar la base imponible, que no es otra cosa que aumentar la cantidad de personas y empresas que pagan impuestos. Efectivamente, uno de los grandes desafíos de la economía peruana es la alta informalidad laboral y empresarial. Sectores productivos como el agropecuario, pesca, y alojamiento y restaurantes registran una tasa de informalidad laboral del 94.3%, 84.6% y 84.2%, respectivamente. No se están dando los incentivos adecuados para sumar más personas y empresas a la formalidad. Una alternativa efectiva es impulsar la inversión privada formal.