Opinión

Autogol judicial

​Es muy pertinente la preocupación lanzada ayer por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la casación 02-2017 dada recientemente por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que podría llevar a que muchos casos por lavado de activos, algunos de ellos incluso emblemáticos, como el de la ex “pareja presidencial”, sean archivados si es que no se llega a determinar el llamado “delito previo” o “delito fuente” que originó las ganancias ilícitas de los imputados.

07 de Septiembre del 2017 - 07:30 Iván Slocovich

Es muy pertinente la preocupación lanzada ayer por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la casación 02-2017 dada recientemente por la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, que podría llevar a que muchos casos por lavado de activos, algunos de ellos incluso emblemáticos, como el de la ex “pareja presidencial”, sean archivados si es que no se llega a determinar el llamado “delito previo” o “delito fuente” que originó las ganancias ilícitas de los imputados.

Esta preocupación también ha sido manifestada por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello, quien incluso ha advertido que el caso de Pedro Pérez Miranda, (a) “Peter Ferrari”, podría ser archivado si no se establecen al detalle los autores, el tiempo y el lugar determinados donde se cometieron las enmarañadas actividades de minería ilegal que habrían servido para alimentar su cuantiosa fortuna.

El fiscal Sánchez ha señalado ayer que la casación dada a inicios de agosto “es un instrumento generador de impunidad”, por lo que ha pedido al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, una reunión para definir la nueva regulación que se tendrá que aplicar para los procesos por lavado de activos, que se han venido manejando de acuerdo incluso con compromisos internacionales, que no tienen en cuenta criterios como el que ordena el fallo en cuestión.

Un país que lucha contra el delito en general y, en especial, contra la corrupción que nos ha golpeado desde que existimos como país, no puede ver mellados sus esfuerzos por una casación como la mencionada. La resolución de una sala no puede traer abajo lo mucho o poco que se haya avanzado en reprimir el lavado de activos, que está en todas partes. Se ha dado una gran herramienta al delito desde el propio Palacio de Justicia.

Acá parece que estamos nuevamente ante un conflicto entre poderes del Estado, que en teoría deberían estar alineados en un mismo frente contra el delito. Imagino que con este tipo de decisiones, que sientan jurisprudencia para todos los casos similares, los lavadores y sus abogados, que todas se las saben, estarán celebrando por las trabas que pone el propio sistema de justicia para meterlos presos y quitarles su ilícito patrimonio por el solo hecho de no poder justificarlo

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