La Ley Universitaria 30220, de Julio 2014, ha generado cambios, positivos y negativos. Pretende una nueva relación entre la universidad y el Estado, garante de la calidad a través del nuevo organismo, la SUNEDU, bajo la rectoría del Ministerio de Educación. Y ahí está la madre del cordero pues esta rectoría no funciona sin imposición política, ya que el MINEDU forma parte del Ejecutivo de cada gobierno de turno. Y sin representatividad de las universidades para que los objetivos de la ley se cumplan con el involucramiento de las casas de estudio, con autonomía y nunca con subordinación. La búsqueda de la calidad ha prosperado, bajo presión de la SUNEDU las universidades han mejorado. Los gobiernos ayudaron a las públicas a renovar la infraestructura en abandono. Y las privadas fueron forzadas a reinvertir para modernizar y actualizar laboratorios, bibliotecas y aulas. El licenciamiento selectivo impulsó la investigación, con docentes que hoy leen y estudian más con incentivos en su remuneración. Pero también podemos constatar el silenciamiento político y la ausencia de todo debate cuestionador en las universidades que no quieren problemas con los gobiernos. La rectoría del MINEDU implica ser titular de los pliegos que antes manejaban las universidades con autonomía financiera. El exsuperintendente, Martín Benavides, dijo en evento público, en el 2014, que “la autonomía universitaria y la garantía pública de calidad en el sistema universitario peruano no deben pensarse como opuestas”. Excelente. Es justamente lo que pretende la ley aprobada por el Congreso que restablece la autonomía universitaria y despolitiza el funcionamiento de la SUNEDU modificando positivamente su directorio al incorporar representantes de las universidades y de los colegios profesionales. Felicitamos a la doctora Jerí Ramón Ruffner, rectora de San Marcos, por su liderazgo ético en la defensa de la autonomía universitaria, ligada a la calidad y a la libertad de pensamiento crítico que tanto necesita nuestro país.