Esta semana, el Congreso decidirá si abre investigación al parlamentario José Jerí, implicado en un grave caso de violación. Sin embargo, la sensación que persiste es que, en este y otros temas de gravedad, los legisladores prefieren encogerse de hombros y mirar hacia otro lado.

El caso de Darwin Espinoza, congresista de Acción Popular, es otro ejemplo. Espinoza está vinculado a un presunto cobro ilícito de un millón de soles para modificar el reglamento de ordenamiento del atún, una denuncia que debería ser prioritaria en cualquier institución comprometida con la transparencia y la ética.

A esto se suma la falta de urgencia en debatir las observaciones del Ejecutivo a la ley que restituye la detención preliminar en casos de no flagrancia, un proyecto crucial en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. La negligencia en temas de tal importancia resulta inaceptable.

Por si fuera poco, el Congreso está bajo la sombra de una supuesta red de prostitución dentro de sus instalaciones. En lugar de actuar con contundencia, un considerable grupo de legisladores parece más interesado en desviar la atención y frenar cualquier avance en las investigaciones.

Estos episodios confirman, una vez más, que el Congreso ocupa el primer lugar en el descontento ciudadano. La pasividad y la complacencia no pueden seguir siendo los recursos predilectos para enfrentar crisis de esta magnitud. Los congresistas tienen el deber de ser garantes de la democracia y del respeto a las leyes.