No logramos cerrar el capítulo del terrorismo sufrido las décadas de 1980 al 2000. Las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no fueron implementadas a cabalidad por ningún gobierno.

Existe una larga relación de asesinatos y fallecidos por intervención de las fuerzas militares y policiales. Jóvenes, mayores, mujeres, inclusive niños fueron víctimas de esta represión brutal e indiscriminada.

Esperan justicia Bryan e Inti, los asesinados de los años 2022 y 2023, Eduardo Ruiz, Trvko, el 2025; y múltiples heridos por acciones policiales y militares cuando la población protestaba.

Este 25 de abril una patrulla disparó 60 municiones a pasajeros de una camioneta que no se detuvo ante la orden militar, 5 de 8 ocupantes fallecieron cerca del Puente Mellizo, Colcabamba, Tayacaja, Huancavelica. Era un “operativo contra narcoterroristas” aunque el informe policíaco señala que no se encontró drogas ni armas.

La represión está direccionada, los gobernantes políticos y mandos militares acusan a los manifestantes de “terroristas, simpatizantes terroristas” o de estar dirigidos por ellos.

La represión es policial y militar, también discriminatoria y clasista al negar el derecho ciudadano a elegir sea por “escasa instrucción” o por ideología distinta. Quienes defendemos los derechos humanos, económicos, sociales y políticos, somos calificados de “terrucos”

Construir un país en democracia necesita decir ¡basta de terruqueo!, implementar políticas que reduzcan verdaderamente la desigualdad y desarrollar ciudadanía efectiva. Si no es así, continuará la inestabilidad social.