Minería ilegal tenemos en casi todo el país. Sin embargo, Madre de Dios debe ser el símbolo del abandono del Estado en los últimos años. Por eso, bien hace el Gobierno en recuperar un terreno abandonado conocido como La Pampa. Y mejor será si empieza a revisar lo que ocurre en el resto de las regiones.

Mucho se habla de la minería formal; incluso algunos políticos tienen como caballito de batalla la lucha contra la empresa minera legal, que se registra, brinda puestos de trabajo y deja regalías para las obras en su zona de influencia. Pero casi nunca se toca con la misma vehemencia a los que están al margen de la ley.

Porque si hablamos de justicia, los mineros ilegales son aquellos que llenan de mercurio nuestras tierras, esclavizan a las personas y no dejan ni un peso al erario nacional. ¿Algún candidato a algo puso énfasis en erradicar a estos depredadores? Casi nadie, y hay miles de razones en juego.

En provincias, los mineros ilegales manejan mucho dinero, el mismo que también se distribuye en el bolsillo de perversos personajes que llegan a ocupar cargos públicos. Desde allí es que logran impunidad, y hasta inician batallas contra la gran minería haciéndose pasar por víctimas.

Desde hace un buen tiempo los gobiernos regionales buscan de manera infructuosa la formalización de los mineros. Son procesos que duran varios años y tienden al fracaso. ¿El motivo? Solo algunos pasan a registrarse como pequeños mineros, pero surgen otros que ocupan su lugar en la informalidad.

Este círculo vicioso de la minería informal va degenerando las tierras, contaminando lagunas y consumiendo la vida de miles de personas que no tienen más remedio que convivir con la contaminación.

Esperamos que, así como el operativo Mercurio 2019, haya un trabajo de inteligencia en las zonas tomadas por los mineros informales en el resto del país. De esta manera, de paso, erradicamos a personas violentas que llegan a ocupar sillones municipales o regionales con el único interés de apañar a estos delincuentes.