Opinión

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COLUMNA: MARTÍN SANTIVÁÑEZ

08 de Marzo del 2018 - 07:00 Martín Santivañez

Está bastante claro que las instituciones no están midiendo a todos con la misma vara. Cuando la población perciba esta falta de imparcialidad, este sesgo ideológico e interesado, entonces el pueblo reaccionará contra la política disfrazada de justicia. Esto, como es evidente, perjudica en primer lugar a las propias instituciones porque desnuda los intereses (políticos, económicos e ideológicos) que han penetrado en los operadores encargados de investigar a todos con equidad y prudencia. La destrucción de la justicia es un signo claro del declive de la República peruana, que ingresa en el Bicentenario en medio de un clima de polarización fruto del discurso de odio y división sembrado por las izquierdas.

Por eso, la persecución a Fuerza Popular no solo debe interpretarse en clave jurídica. Los argumentos de Derecho son el atrezzo para una caza de brujas peligrosa y nociva que ningún demócrata puede admitir. Curvar el derecho por motivos políticos genera una consecuencia: la desconfianza del ciudadano. El pueblo no es tonto y sabrá interpretar que existe una gran diferencia entre investigar con las garantías debidas y perseguir a un partido político para doblegar su voluntad de control.

Para la izquierda peruana, Fuerza Popular es el gran enemigo a batir. Y se han empeñado en polarizar para destruir a su gran enemigo. No han dudado en usar el arma de la política utilizando cualquier pretexto con tal de ensuciar al partido que desafía sus pretensiones de poder. Es comprensible. Si FP actúa con decisión y estrategia, la izquierda y sus aliados perderán una hegemonía que nunca ganaron en las urnas. Ese es el peligro de cargar pistolas que tarde o temprano los pueden sepultar.

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