La reciente aprobación en segunda votación del retorno a la bicameralidad y la reelección parlamentaria por parte del Congreso ha generado diversas opiniones y reacciones en la sociedad. Con 91 votos a favor, se ha dado luz verde a una reforma constitucional que implica cambios significativos, entre ellos la conformación de un Parlamento compuesto por 130 diputados y 60 senadores.

Es innegable que esta decisión no ha pasado desapercibida y ha levantado polémica, principalmente en lo concerniente al incremento en el gasto y la burocracia que podría acarrear. Sin embargo, más allá de estas preocupaciones, la crítica fundamental se centra en el temor a que, con las figuras políticas de siempre, la corrupción pueda incrementarse aún más.

Por otro lado, existen voces que defienden la idea de que la instauración de dos cámaras parlamentarias podría promover una mayor reflexión y debate, lo cual se percibe como una oportunidad para legislar en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, es necesario ser realistas y reconocer que, dados los vicios políticos arraigados y la desconfianza generalizada hacia los actuales congresistas –reflejada en el alto índice de desaprobación que supera el 90%–, las esperanzas de una mayor eficiencia en el servicio al pueblo podrían verse frustradas.

Es imperativo que, en medio de este proceso de reforma, se implementen medidas concretas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el combate efectivo contra la corrupción.